Una iniciativa que presentó el Diputado del Partido del trabajo, Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo podría poner en riesgo al turismo del estado, pues busca modificar la Ley de Hacienda de los municipios para obligar a hoteleros, restauranteros y comercios a suscribir un convenio con la Sociedad de Autores y Compositores a fin de que paguen una cuota por la reproducción de música al interior de sus comercios para poder entregarles su licencia de funcionamiento.
En estos días ha presentado el diputado Hugo Alday una iniciativa para modificar la ley en la que se pretende añadir un artículo que vincule la concesión de una licencia de funcionamiento comercial al hecho de tener firmado un convenio con alguna de las sociedades de gestión colectiva que representan autores y compositores.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano conformado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la Asociación de Hoteles de Tulum, la Asociación de Hoteles de Cozumel, la Asociación de Hoteles del Sur de Quintana Roo, la Asociación de Hoteles de Costa Mujeres, la Asociación de Hoteles de Holbox y la Asociación de Clubes Vacacionales, representando más de 125,000 habitaciones en el Estado; denuncia esta iniciativa que violenta la ley.
De ninguna manera se puede coartar el derecho constitucional de los actores empresariales a ejercer su función de crear riqueza y desarrollo, condicionándolo a que tengan un convenio con una asociación de índole privado cuyos medios de cobro, si es que les asisten, se deben realizar y demostrar en los tribunales de orden civil.
El legislador no puede de ninguna manera obligar a un comerciante a firmar un contrato con otro particular para permitirle funcionar, las relaciones comerciales entre particulares se dirimen en el orden judicial.
No queremos entrar en las razones por la cuales se presenta esta iniciativa, en la que se pretende favorecer a unos particulares y otorgarles el peso y el status de autoridad que emita requisitos para validar o no a las empresas a realizar su función, pero esta iniciativa es violatoria del principio de igualdad, no se puede imponer a una empresa la obligación de firmar un contrato con otra y mas cuando esta otra no ha demostrado la verosimilitud de su reclamo como lo demuestra buscando esta argucia política para conseguir lo que pretende.
Antes las inconsistencias de los reclamos de estas sociedades de gestión para hacer valer sus derechos se pretenden que el poder político al servicio de sus intereses les facilite los que no han podido conseguir por la via legal.
En un contexto de dificultades crecientes no podemos poner en peligro la hotelería de Cancún, que ha sufrido en los últimos meses un aumento de la presión impositiva importante, un incremento de los costos laborales de consideración y el problema de la sobrevaloración del peso, que junto a las noticias de inseguridad nos debilita frente a la competencia creciente de otros destinos.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano se opondrá por todos los medios que la ley le otorga a la imposición de esta medida arbitraria y solicita a los legisladores que se opongan a la aprobación de la misma.
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